Luego de que el Gobierno anunciara un paquete de siete medidas, con una inyección de 1,5 billones de pesos, para aliviar la crisis del sistema, el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, considera que la crisis tiene tres antecedentes principales:

El primero, tiene que ver con el régimen subsidiado y las deudas que generaron con este las entidades territoriales al no hacer el aporte económico para financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema.

El segundo gran problema económico para el sector, según Muñoz, tiene que ver con los servicios no POS (los no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud) – casi siempre medicamentos, tratamientos o servicios reconocidos por medio de tutelas-.

Por último, la crisis, a juicio del superintendente, tiene que ver básicamente con algunos incrementos de las frecuencias de uso de procedimientos en salud. Es decir, existe una tendencia a mayores consultas por habitantes, así como de los medicamentos, mayor conocimiento de derechos, el envejecimiento de la población y aumento del número de afiliados, porque ya son 46 millones. En contraste, no hay más médicos ni camas disponibles.

“Con base en ese resultado vamos a identificar qué otras EPS puedan ver comprometido su manejo financiero sean sujetas de entrar en medidas por parte de la superintendencia y por ende aplicar la medida de giro directo del Ministerio (en el régimen contributivo)”, explicó.

Muñoz aseguró que por mal manejo en el flujo de recursos, la Supersalud ha impuesto sanciones por cerca de 12 mil millones de pesos a EPS, alegando por ejemplo no pagar oportunamente.

“La idea de crear un grupo dedicado a este tema que tiene como objetivo prevenir y disuadir para que los recursos lleguen en el menor tiempo posible a las IPS y en los casos en que vuelvan a incurrir en acciones indebidas pondremos las sanciones correspondientes”, aseguró.

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